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CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 2008.- Recientemente la organización no gubernamental "Pax Christi", con sede en Holanda, divulgó un análisis según el cual México es actualmente el país donde se comente el mayor número de secuestros en todo el mundo.
Datos del Instituto Ciudadano sobre la Inseguridad y de la organización México Unido contra la Inseguridad revelan que el delito de secuestro se ha incrementado entre 30 y 38 por ciento en comparación con 2005.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) reconoce el incremento, pero en menor porcentaje.
"Estamos hablando de 25-30 por ciento de las cifras de la Policía Federal en que se ha incrementado este delito, pero no ha sido de manera exponencial, en números que no se puedan controlar", dijo Facundo Rosas, subsecretario de Estrategias e Inteligencia policial de la SSP.
Esta situación ha contribuido a la proliferación de empresas de seguridad privada y de negociadores de secuestros, a pesar de que su intervención en este delito no está regulada.
"Si bien la Secretaría de Seguridad Pública tiene la facultad de autorizar a las empresas de seguridad privada que operan en dos o más estados de la República, no tenemos ninguna empresa dedicada exclusivamente al tema de las negociaciones. Sabemos que hay empresas que prestan ese servicio, pero este servicio no se encuentra regulado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal", comentó Luis Cárdenas Palomino, coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito de la SSP.
El artículo 166 Bis del Código Penal del DF establece:
Se impondrá de uno a ocho años de prisión a quien actúe como asesor o intermediario en las negociaciones del rescate con fines lucrativos o sin el consentimiento de quienes representes o gestionen a favor de la víctima.
Se impondrá el mismo castigo a quien aconseje no presentar la denuncia del secuestro cometido o bien el no colaborar o el obstruir la actuación de las autoridades o intimide a la víctima no denunciar el secuestro para que no colaboren con las autoridades competentes.
En muchas ocasiones los negociadores piden a los familiares de la víctima no denunciar el secuestro, impidiendo con ello obtener y sistematizar información sustantiva para liberar al secuestrado y detener a sus captores.
"Las familias recurren a este tipo de negociadores pensando en que van a resolver la situación que han estado viviendo y lo único que pasa en los casos que hemos estado atendiendo es que agravan toda la situación", aseveró Luis Cárdenas Palomino, coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito de la SSP.
El funcionario federal asegura también que la mayoría de los negociadores privados carecen de la necesaria metodología, información y preparación para el manejo de la crisis que genera un secuestro.
A veces por codicia o por inexistencia han puesto en riesgo y la vida de la víctima, cuyo cautiverio y martirio es compartido por sus familiares a través de las llamadas "pruebas de vida".
"Nos hemos encontrado gente, abogados que porque estudiaron derecho creen que son expertos en negociación de rehenes o gente que se dedica a lo mejor a la seguridad privada y que se ahí saca que pueden ser expertos en manejar alguna situación de crisis", Luis Cárdenas Palomino, coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito de la SSP.
Se llama prueba de vida al testimonio que los familiares de las víctimas de secuestro piden a sus captores para comprobar que la víctima no ha sido asesinada y continuar con la negociación para liberarla.
La irregularidad con la actúan los negociadores, la corrupción policiaca, la impunidad judicial y la desconfianza ciudadana en las instituciones responsables de la protección y la administración de la justicia son factores que han contribuido a que el secuestro en México esté a la alza otra vez.
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