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La demanda siguió a las revelaciones de que científicos estadounidenses que estudiaban los efectos de la penicilina en la década de 1940 infectaron a unos 700 guatemaltecos, entre ellos prisioneros, enfermos mentales, soldados y huérfanos.
Ninguno de los centroamericanos fue informado de que sería sujeto de experimentación ni dio su consentimiento para ese propósito.
Los abogados que representan a los guatemaltecos solicitaron al gobierno del presidente Barack Obama que emprenda un proceso para un arreglo extrajudicial de los reclamos, similar al establecido para los afectados por el derrame de petróleo en el Golfo de México y los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Los abogados dijeron que presentaron las demandas ante la falta de una respuesta de las autoridades para el plazo que ellos habían fijado y que venció.
Los experimentos efectuados con los guatemaltecos estuvieron ocultos durante décadas hasta que un historiador de asuntos médicos sacó a la luz los archivos en 2009.
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