El organismo representante de los pequeños comercios en la capital del país afirmó que millones de cigarros ilegales se distribuyen en la vía pública, sin objeción por parte de las autoridades locales y sin control sobre su contenido.
Felicitó a las autoridades federales por la reciente incautación de 40 millones de cajetillas de cigarros ilegales y el decomiso de más de mil cajetillas de cigarros, igualmente ilegales procedentes de Panamá, aunque espera que estas acciones se trasladen también a calles y plazas de todo el país.
En un comunicado, expuso que la distribución al menudeo de cajetillas y cigarros sueltos en la capital del país se realiza a través del comercio ambulante informal, con precios que van de 10 pesos por cajetilla a dos pesos por unidad.
Esto, sostuvo, sin duda desplaza del mercado a los pequeños comercios legalmente establecidos, que dada la regulación, ofertan la cajetilla de cigarros a un precio promedio de 40 pesos.
El control sobre los expendedores formales de tabaco contrasta con el nulo control en la venta de productos ilegales por parte del comercio ambulante en las calles, el cual se realiza a precios no autorizados, además de que no cumple con las restricciones y controles sanitarios que se le exigen al comercio formal.
Señala que los grupos vulnerables, niños y adolescentes, quedan especialmente expuestos al consumo de cigarros ilegales por la escasa ética de quienes los venden, ya que lo hacen sin considerar si el consumidor es menor de edad o no.
Además, se alienta el consumo en la población adulta por su bajo precio y abundante oferta con la inherente afectación a su salud y en consecuencia, al sistema de salud nacional.
Indicó que la venta de cigarros ilegales en las calles, puestos semifijos ambulantes y de persona a persona, provoca un daño considerable a los comercios legalmente establecidos que si observan todas las disposiciones de la autoridad, como el no vender cigarros sueltos o no vender a menores de edad.
Para la Canacope, la afectación para el pequeño comercio, principalmente tiendas de abarrotes, misceláneas y tiendas tradicionales, se traduciría en una pérdida superior al 50% en la venta de cigarros en dichos establecimientos.
El control de la venta de tabaco no es sólo un problema de salud pública, sino también económico y social, pues mientras se regula y vigila a unos, se deja libre acción a la ilegalidad, lamenta.
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