Reforma sanitaria en EU busca consolidarse

La ley para llevar a cabo la reforma del sistema de salud más ambiciosa en medio siglo recibió el visto bueno del Tribunal Supremo en junio y se salvó de la derogación con la derrota del candidato presidencial republicano, Mitt Romney, en las elecciones del pasado 6 de noviembre.

Persiste, no obstante, la desinformación y la confusión sobre el contenido de la ley, así como la oposición de varios gobernadores republicanos a ponerla en marcha en sus estados.

Venció un plazo dado por el Gobierno federal para que los estados decidan si quieren regular por su cuenta a las compañías aseguradoras en su territorio y expandir la cobertura del programa Medicaid para personas de bajos ingresos o, por el contrario, prefieren que Washington lo haga por ellos.

Al menos 16 estados y el Distrito de Columbia han expresado ya que lo harán por su cuenta, la mayoría de perfil demócrata como California y Nueva York, pero también algunos de tendencia republicana como Misisipi.

El jueves 15 de noviembre a última hora el Departamento de Salud anunció la ampliación de ese plazo hasta el 14 de diciembre, sobre todo, pensando en los gobernadores republicanos, algunos de los cuales habían pedido más tiempo para tomar una decisión.

"Estamos comprometidos a proporcionar a los estados la flexibilidad, los recursos y el tiempo que necesitan para ofrecer los beneficios de la ley de salud al pueblo estadounidense", indicó en una carta el Departamento de Salud.

Una de las tareas más importantes durante el segundo mandato de Obama será la de aumentar los esfuerzos para explicar la ley a una sociedad que permanece muy dividida y confundida al respecto.

No obstante, el apoyo a la derogación de la ley está en su mínimo histórico tras la reelección de Obama.

Una encuesta de la Fundación Kaiser publicada esta semana mostró que un 33 % de los estadounidenses apoya revocar la reforma, el nivel más bajo desde que Obama la promulgó en marzo de 2010.

Las conversaciones que Obama y los líderes de ambos partidos en el Congreso iniciaron hoy en la Casa Blanca para reducir el elevado déficit público pueden poner en peligro algunas de las disposiciones "más caras" de la ley, según los expertos.

Entre ellas figuran los subsidios federales a la cobertura sanitaria de las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza.

La cláusula más controvertida de la ley, que establece la obligatoriedad del seguro médico e impondrá multas a aquellos que no lo tengan, entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Varias disposiciones han ido entrando en vigor desde 2010, entre ellas una que obliga a las aseguradoras a dar cobertura a personas con problemas de salud preexistentes y otra que permite a los jóvenes permanecer por más tiempo en los planes sanitarios de sus padres.

Más de 3.1 millones de jóvenes de entre 19 y 25 años que de otro modo no tendrían seguro ahora están cubiertos, según el Departamento de Salud.

Además, el número de estadounidenses que no estaban asegurados en 2012 se redujo por primera vez en cuatro años, de acuerdo con un informe del Censo.

La sensación generalizada es que la ley "está aquí para quedarse".

Por eso compañías como la cadena de pizzerías Papa John's ya han anunciado que van a elevar sus precios para hacer frente a los costos adicionales de proporcionar cobertura sanitaria a sus trabajadores.

Y John Metz, propietario de una cadena de restaurantes en Florida, acaba de alertar esta semana de que impondrá un recargo del 5 % a sus clientes en protesta por la implantación del "Obamacare", como denominan a la ley sus detractores.